LA TAIFA INMORAL

Hablar en la actualidad de ética y moral con respecto a la clase política viene siendo un imposible como intentar conseguir la cuadratura del círculo, que Homer Simpson deje de ir al bar de Moe o que Telecinco no emita más de una hora de telebasura disfrazada de debate. Y cuando me refiero al concepto “moral” no me refiero a la moral cristiana o católica, que reviste con su olor a naftalina el devenir histórico de este país, sino a aquella que tiene que ver con la conciencia y el respeto humano, independientemente de la religión que se profese o del color político al que se pertenezca.

El continuo goteo de noticias sobre casos de corrupción, escándalos financieros e imputados en causas judiciales que afectan a numerosos políticos de cualquier estrato de la estructura política de este país: Central, Autonomía y Administración Local, hace que el ciudadano de a pié tenga la sensación más que razonable de que los términos de los que hablamos hayan sido borrados del código de conducta de quién tiene en sus manos la capacidad de legislar y, por tanto, de producir leyes cuyas consecuencias graven de forma irreparable la vida del conjunto de los ciudadanos.

La política de descentralización que supuso el estado de las autonomías ha devenido con el paso de los años en una estructura de reinos de taifas donde se legisla a golpe de provincianismo racial creando múltiples realidades legislativas que en el fondo no son más que las distintas caras públicas de la ineficacia y mediocridad de los representantes políticos que las ostentan. Desde los parlamentos independentistas, que vulneran con sus actuaciones la Constitución que les permitió existir, pasando por los parlamentos que interpretan la legislación básica del estado en materia de retribuciones a los funcionarios, nos guste o no, a su forma y modo, creando mayores desigualdades retributivas entre quienes, en el fondo, realizan el mismo trabajo, llegamos a Castilla y León, donde su poder legislativo se ha pasado por el forro de sus caprichos la normativa estatal en relación con los permisos retribuidos de razones particulares y vacaciones, asumida por la propia administración autonómica para con sus empleados.

Esa independencia entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, que es reclamada desde hace años por los ciudadanos ante las injerencias que se producen entre unos poderes y otros en el ejercicio de sus competencias, en estos casos ha sido tomada por uno de ellos, el legislativo, de forma torticera para ponerse por encima de la ley creando conflictos donde no debería haber ninguno. Y en el caso castellano y leonés, no se trata de rebajar los permisos retribuidos de los trabajadores que se han concedido a mayores, mejor para ellos y que los disfruten, sino que se trata de hacer entender al legislador que su torpeza, su incapacidad para medir los efectos de sus acciones, traen consigo la conflictividad entre colectivos del mismo rango y del mismo territorio y entre colectivos del mismo rango y territorios distintos. De ahí lo de reinos de taifas.

Al igual que la Revolución Francesa vino a pinchar la burbuja insolidaria en la que vivían la monarquía, la iglesia y la aristocracia, lumpen de intereses político-religiosos, es hora de pinchar esta burbuja autista, sorda e insolidaria en la que viven nuestros políticos. Esa burbuja que les ha impedido ver, parece ser, que el único estamento que no ha sufrido el ajuste oportuno en el actual contexto económico ha sido el que ellos representan y que, por tanto, podría considerarse constitutivo de delito de prevaricación, ya que es comparable el dictamen de una sentencia a sabiendas que es injusta como el incumplimiento de los deberes del servidor público al dictar leyes injustas a sabiendas de que van dirigidas contra quienes no fueron los causantes que las originan, dejando en la impunidad a quienes son los verdaderos culpables.

En definitiva, que estamos necesitados de una clase política que se conduzca a través de la ética laica o secular. Que sus actos se basen únicamente en las facultades humanas como la lógica, la razón o la intuición moral, y no en base a una supuesta revelación o guía sobrenatural. A fin de cuentas, que prime sobre todas las cosas el humanismo, el laicismo y el librepensamiento.