DESIGUALDAD CONCERTADA

        La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que revoca las órdenes por las que la Comunidad Autónoma denegó la financiación pública a dos colegios concertados del Opus Dei que segregan en sus aulas por sexo, supone otro más de los retrocesos a los que la educación de este país está sometida. Otro ataque a la línea de flotación del acceso a la misma y a la no discriminación en sus aulas por cualquiera de las causas que son inherentes al ser humano. Otra carta de presentación ante el mundo sobre nuestra incapacidad para progresar y dejar atrás toda la rémora que suponen años y años de nacional-catolicismo.

            El sistema educativo español público, que durante estos años de crisis económica ha sido unos de los chivos expiatorios, junto con la sanidad, sufriendo recortes en su financiación y una pérdida paulatina de prestaciones, se ve ahora enfrentado a una educación a la carta, concertada o privada, que, según parece, está por encima de cualquier sentido común, basada en cuestiones religiosas o de credo, pero que pagamos todos de nuestro bolsillo a través de impuestos para que niños y niñas sean adoctrinados en el seguimiento a líder, aborregados en la creencia indemostrable, el conocimiento no empírico y absorbiendo el concepto de la desigualdad como si fuera la norma social de comportamiento habitual o deseable.

            Tal y como expone el diario Público en la lectura de la sentencia, parece ser que “por cojones” el sistema público debe financiar este tipo de colegios discriminatorios, amparándose en que la mera existencia de plazas vacantes en la red pública de la zona no puede ser considerado como motivación suficiente para denegarles un concierto educativo. Dicho en plata: que los hijos de la Obra no se pueden “infectar” con los virus sociales de los demás mortales. Sin embargo, este razonamiento pervierte el mismo concepto de “concierto educativo”, ya que si existen plazas públicas no existe razón para concertarlas con el sector privado, debiendo transformarse estas escuelas “opusianas” en centros totalmente privados. Y ahí sí, que los lleven cuando quieran, que los paguen ellos y será su responsabilidad el hecho de que tengan una visión cercenada de la realidad.

            El modelo de educación concertada establecido en el año 1.985 intentaba paliar la carencia de medios de la enseñanza pública con conciertos supeditados a la falta de plazas en la zona, la atención a familias en condiciones económicas desfavorables u oferta de contenidos pedagógicos innovadores. Pues bien, ninguna de estas causas se ha ido solventando. La primera, por la propia incapacidad o falta de interés, o interés espurio, de los sucesivos gobiernos, derivando a la educación privada a secas, o concertada, su obligación de tener a disposición de todos los ciudadanos el suficiente número de plazas en escuelas públicas que den sentido al concepto de enseñanza universal y gratuita. Las otras dos causas son, sinceramente, sonrojantes, ya que, precisamente, la educación de iniciativa privada ha ido expulsando de sus aulas a todos los alumnos faltos de recursos, inmigrantes, con necesidades especiales o con problemática social, convirtiéndose en clubes para privilegiados, en la mayoría de los casos y convirtiendo a la escuela pública en guetos de casuística dispar y problemática solución. La tercera causa, se podría resumir en lo siguiente: ¿es innovadora una educación basada en el comportamiento de tintes religiosos que, en definitiva, no permite asumir con normalidad el conocimiento, el desarrollo y la aplicación de la ciencia salvo en lo que no contradiga al dogma de turno?

            Resulta curioso constatar, tal y como cita Público, como los jueces han ido colocando el derecho a la libre elección de colegio en un plano igualitario, y no subordinado, al derecho a la enseñanza pública y gratuita, pervirtiendo el sistema educativo y detrayendo recursos públicos hacia una enseñanza privada y, en muchos caos, religiosa, algo que debería ser estrictamente de carácter privado. Esa perversión de la ley, permitida por los distintos gobiernos, se ha convertido en casuística habitual de los distintos tribunales, consagrando la subjetividad de las normas de este tipo de escuelas y poniéndolas por encima del interés general educativo.

            Urge derogar la ley de concertación y cambiarla por una nueva totalmente exigente con los principios establecidos en la Constitución, cuando no reducir las posibilidades de elección a la dicotomía público-privado. Y quien quiera esto último, que se lo pague. Urge cumplir con el mandato de educación universal, pública y gratuita, con la construcción de las suficientes aulas para que este tipo de desigualdades desaparezcan. Urge, en definitiva, eliminar cualquier recoveco legal por el que la Justicia de carta de naturaleza, tan veteada como está de tics clasistas, a este tipo de situaciones más propias de regímenes políticos hemofílicos que de un país progresista.

            A este paso, les pagaremos las vacaciones y, como son tan “especiales”, no se conformarán con Benidorm, sino que exigirán que se las paguemos en el Caribe. Y si nos oponemos, ya vendrá un tribunal de justicia para dictar el derecho a la libre elección de destino vacacional de estos elegidos y a la no discriminación por razón de clase privilegiada religiosa. Mientras tanto, al borde de la mayoría absoluta. ¡Somos unos retrasados mentales!