¿Puede alguien ajeno,
en principio, a la función pública, digamos que un sexador de pollos o un
actualizador de libretas de crédito, decidir sobre los intereses generales y la
orientación administrativa de la misma? Pues, aunque en principio creamos que
no, la realidad cruel y torticera nos dice que sí. Para que esto ocurra solamente
hace falta que su curriculum esté vacío de capacidades para el cargo pero, por
el contrario, esté repleto de contactos en el partido, servilismo a flor de
piel y tener una pronunciada tendencia a abrazar farolas. Eso y que la decisión
dependa de una libre designación, formula de baremación basada, la mayoría de
las veces, en las ciencias ocultas, en mancias varias o en el tarot de
madrugada.
La administración española, basada
en el modelo francés, que establece la independencia de aquella de los
gobiernos políticos de turno con el objetivo de que la alternancia política no
influya en el devenir administrativo del país, está siendo infectada por la
voracidad pestilente de unos partidos políticos más preocupados en la conquista
y ocupación del espacio administrativo que de llevar el bienestar a la
ciudadanía, unas veces con el objetivo de colocar al mayor número de sus militantes
sin oficio ni beneficio, cuando no por el más peligroso de los objetivos:
manipular los resortes administrativos en su propio beneficio, obteniendo
provecho de la posición y perpetuarse en el poder conseguido.
De esta forma, se va abriendo en la
administración una brecha en su estructura orgánica haciendo que el número de
puestos de libre designación crezca en función de los intereses del partido
político gobernante y que el nivel de los mismos, a efectos del engranaje
administrativo, descienda hasta los cargos meramente técnicos, perjudicando el
normal funcionamiento de la administración que está en contacto permanente con
el ciudadano, perdida la mayoría de las veces en diatribas o riñas de patio de
colegio entre cargos políticos de medio pelo. A todo esto debemos añadir todos
esos mendicantes de la política que pululan por las distintas administraciones
como personal eventual o de confianza sin más ocupación que la de cargar sobre
las arcas del estado unas retribuciones costosísimas y que no guardan, la
mayoría de las veces, relación con el correcto desempeño de sus teóricas
funciones.
A diferencia de la tendencia en
boga, urge reformar la administración en sentido contrario. Eliminar en su
totalidad la libre designación de la estructura orgánica, limitándola a los
altos cargos de la misma, aquellos precisamente que requieren de personal de confianza
dadas su limitaciones, ¡tienes cojones la cosa!, dejando el resto del entramado
administrativo en manos del personal técnico adecuado, independiente de los
vaivenes políticos de turno por haber obtenido su plaza por concurso puro y
duro y libres de las ataduras de personajillos varios con ínfulas de
predicadores del viejo oeste.
La administración es otra cosa que vender burros o motos al
personal o sacarse fotos inaugurando “pantanos”. Purgar el sistema de los
elementos no afines, díscolos con la mediocridad reinante en este tipo cargos
o, simplemente, reacios al bandolerismo político es mostrar la insuficiencia
personal para desempeñar puestos de trabajo, que elucubrando, nunca hubieran
ocupado de haber sido necesaria una oposición.
No hay comentarios:
Publicar un comentario