LA CRITICA AMORDAZADA

El viernes pasado nos desayunamos con la noticia que publicaba El País sobre la intención del gobierno de incluir en la reforma del Código Penal la posibilidad de imputar penalmente a los partidos políticos y sindicatos, si sus afiliados causan daños en las concentraciones o manifestaciones convocadas por ellos. Aunque ya estaba incluida en la reforma penal del 2.010 la responsabilidad de las personal jurídicas, ésta excluía expresamente a los partidos políticos y sindicatos. Si bien, todas las organizaciones deben velar por el transcurso pacífico de sus convocatorias, estableciendo los mecanismos de control y prevención adecuados, no es menos cierto que es imposible controlar lo que hacen todos los asistentes a las mismas. Si en principio no se debería sospechar de una medida encaminada a la aceptación de la responsabilidad de los actos producidos, en el contexto actual de pérdida de derechos, ejecutado de manera vertical y sin consenso por el rodillo del Partido Popular, cabe deducir que la dirección tomada va en busca del amordazamiento de la crítica a su acción de gobierno. Resulta verdaderamente sospechoso que dicha medida se tome en vísperas del 1 de mayo, en el que están convocadas manifestaciones por toda España en repulsa por los ajustes excesivos y, sobre todo, partidarios, favoreciendo a los entes financieros en detrimento de los trabajadores.

En otro paso más en el control totalitario del aparato del estado, consistente en controlar todos los medios de difusión, y en especial lo que no comulgan con su nube ideológica, el gobierno del Partido Popular ha roto el consenso político sobre la designación del director general de la radio y televisión pública, presionado por el ala más extremista de su partido, que acusaba al ente de manipulación de las noticias sobre la crisis económica. Esto, unido a la expulsión por decreto ley de los sindicatos del Consejo de Administración de RTVE, deja indefensos a los profesionales del medio, poniendo en entredicho la independencia informativa de dicha empresa y, en general, al resto de ciudadanos, a los que de ahora en adelante se les contarán las noticias desprovistas de cualquier matiz que ponga en entredicho su manera de gobernar. Es irónico leer que la motivación de la medida tomada es el alto número de miembros de ese Consejo, cuando cinco de los miembros van a ser elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado, o sea, solamente la clase política tiene derecho a regir los destinos de la televisión pública y no los trabajadores. Y algo a tener en cuenta, en las dos cámaras legislativas tiene mayoría el Partido Popular, lo que da de facto un televisión a “su” carta, sin ninguna posibilidad de veto. Para hacernos una idea de lo que será a partir de ahora la información política, solamente hay que ver la dirección editorial de Telemadrid.

En definitiva, una televisión que, de manera goebbeliana, pueda aplicar postulados del marketing propagandístico social, ideologizando un medio que debe ser imparcial y de todos, como: “la censura o manipulación del hecho será aplicable cuando el conocimiento del hecho pueda producir una reacción indeseada en sí misma”, la comunicación a la audiencia debe llegar antes que la propaganda competidora”, “la propaganda debe afectar a la política y a la acción del oponente”, “la propaganda debe estar perfectamente sincronizada”, etc. Todo un manual de propaganda, control e intervencionismo.

En conjunto, estas dos medidas forman parte de las decisiones totalitarias que desde su llegada al poder, está tomando este gobierno, justificándolas en la crisis que vive este país y que, en el fondo, no es más que un acto reflejo de su ideario político, anclado en una forma de gobernar rancia y antigua, que nunca se adaptó del todo a la democracia. Son reformas ad hoc a su forma de gobernar, que solamente favorecen los intereses de una parte de la sociedad, dejando al resto como sujetos pasivos de la misma. Crean alarma, preocupación y, sobre todo, desmoralización ante el avance imparable, de momento, del conservadurismo político, cuya máxima ambición es explotar la situación actual para volver a una sociedad de desarrollo vertical, en la cual, la base ciudadana y trabajadora soporte sin rechistar las decisiones, que de manera paternalista, nos ofrezcan como limosnas de caridad de las que, según ellos, no somos merecedores. Aunque tampoco hay que sorprenderse por eso: es todo como un dejà vu.