Si, como dice la
sabiduría popular, en el sexo tres son multitud, parece ser que para el
gobierno del Partido Popular reunirse en la calle tres o más de tres es
sedición. Desde las elecciones generales, se han ido quitando progresivamente
la piel que utilizaron para ganarlas, dejando ver, ya sin disimulo, la cara
oculta de sus verdaderos objetivos. La intención de modificar el Código Penal
para penalizar la resistencia pasiva grande, ¿qué demonios habrá querido decir
el ministro del interior con eso?, y la convocatoria de actos públicos por
redes sociales que acaben en disturbios, más parece propio de unos tiempos
políticos felizmente superados, que de la realidad de un país democrático.
A diferencia de lo que
piensa nuestro gobierno, una sociedad que expresa su opinión de manera pacífica
en la calle, es una sociedad viva y libre. Una sociedad que no se queda con los
brazos cruzados durante cuatro años hasta que pueda volver a expresarse en las
urnas. El gobierno tiene que entender que el voto no es un cheque en blanco y
que su acción de gobierno debe estar fiscalizada permanentemente por la
ciudadanía cuya máxima expresión de rechazo a medidas tomadas en su contra debe
ser la manifestación pública de su opinión. Que algunas de dichas
manifestaciones acaben con disturbios no debe ser coartada para suprimirlas o
criminalizarlas, al contrario, el gobierno debe velar por el desarrollo
pacífico de las mismas, por su seguridad y detener a los grupos violentos
ajenos, que las parasitan y utilizan para sus propios intereses. Discriminando
quién es el que acude de manera social y pacífica y quién no. Ese es su
verdadero deber porque para eso se les vota. Si no estaríamos aplicando la
estúpida doctrina de que para que no se produzcan más fuegos, talemos los
bosques.
Los términos como
resistencia pasiva, desobediencia civil o acción no violenta deben de producir
sarpullidos en la piel de quienes tienen el autoritarismo como principio que
recorre sus ideas de gobierno, muchas veces sin que ellos mismos se den cuenta.
Es algo presente en sus genes políticos. Durante el siglo XX hemos asistido a
periodos en los que las crisis económicas han llevado a los gobiernos de distintas
naciones a partidos cuyo ideario de paz consistía en atribuir a una realidad
social efervescente en contra de unos políticos desconectados de la realidad,
la carga de la culpa. Aliados con parte de la sociedad más próxima a sus
intereses, lanzaban un mensaje populista que los aupaba al poder con la promesa
de instaurar la paz social. Una falsa paz social que llevaba aparejada la
pérdida de derechos civiles propios de las sociedades democráticas y la
constitución de facto de dictaduras disfrazadas, cuando no de dictaduras
impuras y duras.
El hecho de que, como
colofón al disparate propuesto por el ejecutivo español, sean calificados los
actos como terrorismo, da idea del camino emprendido, y repetido no hace
demasiados años, por nuestros gobernantes. De manera irresponsable han
calificado como terroristas a personas de la talla de Mahatma Gandhi, que con
su acción acabó con el colonialismo británico en la India, de Martin Luther King,
que consiguió acabar con la discriminación racial en Estados Unidos o con el
Dalai Lama, en su lucha pacífica contra la ocupación en el Tíbet. Algunos de
ellos premios Nobel de la Paz, rebajados a la calificación de subversivos por
los nuevos mesías del autoritarismo español. La visión del ciudadano chino, que
solamente con su propio cuerpo, se enfrentó a los tanques en la plaza de
Tiannamen durante la represión de la primavera china, y que levantó oleadas de
apoyo en el resto del mundo, solamente sería en este país, de aprobarse esta
modificación penal, una prueba irrefutable de acto terrorista contra el estado,
que lo condenaría a la pérdida de libertad. Exactamente lo que le ocurrió en su
país, que no olvidemos que es una dictadura. Como todos hemos estudiado
matemáticas elementales, aplíquenle la propiedad simétrica al planteamiento.
Sería deseable que los
ciudadanos no se dejaran amedrentar por estas intenciones gubernamentales,
seguir ocupando la calle para manifestar nuestra oposición a medidas y ajustes
que nos criminalizan como los culpables de esta situación, dejando claro que la
frase “la calle es mía”, es algo que no volveremos a consentir. Y si persisten
en su intención, que nos metan a todos en la cárcel. Por terroristas.
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