SUPRIMIMOS O ¿QUE?

La propuesta del Presidente italiano, Silvio Berlusconi, de suprimir ayuntamientos para paliar el déficit de las administraciones públicas, ha causado más revuelo mediático del que cabría esperar dentro del ámbito estrictamente político. Aún siendo una medida encaminada a reducir el gasto no productivo en la administración, se juntan en este caso razones de índole sentimental, de origen y de pertenencia a un lugar, que crean multitud de conflictos entre los habitantes de los diferentes municipios posiblemente afectados.

En España, con unas elecciones a la vuelta de la esquina, ha servido como arma arrojadiza entre los distintos partidos políticos, una vez que el candidato por el PSOE, se decantara por aplicar dicha medida y ampliarla a las Diputaciones Provinciales. Aunque desde el PP se le ha tachado de oportunista, ya el Partido Socialista de Navarra llevó en su programa electoral a las pasadas elecciones municipales y autonómicas dicha propuesta, que valoró con la desaparición de los municipios con menos de 2.000 habitantes y con un ahorro para las arcas públicas de 1.956 millones de euros anuales. Los municipios a desaparecer deberían fusionarse para llegar a la cifra citada y así poder tener unos servicios de calidad.

En Castilla y León, este debate no ha sido ajeno, por cuanto es una de la Comunidades Autónomas con más municipios de España y, al mismo tiempo, con menos población, dando por tanto un ratio por habitante y municipio verdaderamente paupérrimo. En la provincia de Zamora existen 260 pueblos con menos de 100 habitantes y en el año 2.009 se perdieron 1.556 habitantes, lo que supone un 0,8% de la población. Cifras que definen el futuro poco halagüeño de estos municipios e incluso de la provincia en sí. Con estos datos, ¿qué camino tomar?

En principio habría que diferenciar entre tener ayuntamiento y, por decirlo de alguna manera, tener pueblo. La gente está mezclando estas cosas y creyendo que la desaparición del primero trae consigo la desaparición del segundo. Y esto no es correcto. No se puede intoxicar a la población con esta disyuntiva de mediocridad política. Por esa regla, pueblos como Robledo de Sanabria, Ungilde, Ricobayo, Villaflor, etc, no existirían y sin embargo son lugares que existen y en los cuales, si preguntas a sus ciudadanos, no los cambiarían por otro lugar. Porque como se señaló al principio, aunque no exista un ayuntamiento físico, el origen, la pertenencia a un lugar y, sobre todo, las ganas de vivir y luchar por él, no dependen de un caserón con bandera.

En la mayoría de estos pueblos, el edificio consistorial es un almacén de estancias vacías y sin ningún cometido. Lo mismo sirve para un vino en las fiestas que para guardar todo lo que no sirve. En algunos lugares se le pretende dar uso como consultorio médico, sin las mínimas condiciones habitacionales. Solamente fachadas bonitas con banderas, inauguradas con la mayor pompa y boato posible para mayor gloria del los políticos de turno.

Y por aquí puede empezar el ahorro con la medida de suprimir ayuntamientos. No se puede derrochar en la construcción de estos edificios sin vida, salvo que sirva a los intereses de constructores locales. Podríamos seguir con los gastos de personal. La lectura de los gastos de personal, corriente y de inversión, de algunos ayuntamientos es para palidecer. En algunos ayuntamientos con presupuestos de 60.000 € y 70.000 € los gastos de personal, secretario y en algunos un auxiliar, se lleva el 50% del presupuesto. Esto, que de por sí es una aberración, se complementa con otro 30% en gasto corriente, con lo cual queda un 20% para inversión real. ¿Cómo es posible el mantenimiento de ayuntamientos que no son capaces de crear inversión productiva para sus ciudadanos por falta de fondos? ¿Es lícito que haya que mantener estas minúsculas administraciones cuya única función es retroalimentarse a sí mismas? De esta manera quedan a merced de la instancia superior en la administración, y también sujeta al debate de su desaparición, la Diputación Provincial, que puede no invertir en ese municipio por no poder el ayuntamiento sufragar el porcentaje que le corresponde para la ejecución de obras.

No es entonces más lógico agrupar dichos ayuntamientos en uno más grande, que diera sentido al mandato de servicio público de calidad y que no dispersara los fondos en gastos superfluos en su propio funcionamiento. Un ejemplo: si el ayuntamiento de Zamora tiene un secretario, no sé si interventor, para una ciudad de 65.000 habitantes aproximadamente, ¿por qué ayuntamientos de 500 o 1.000 habitantes tienen el mismo número?. Me da igual la clasificación o escala que tengan en cada caso. Porque con un secretario como el de Zamora podríamos atender a 60 municipios fusionados y nos ahorraríamos dicho coste en personal. Municipios agrupados con un centro de salud en condiciones y para un gran número de habitantes, ayuntamientos equipados para dar solución administrativa todos los días del año a sus ciudadanos, etc.

En La Opinión de Zamora, del día 21 de agosto, el Presidente de la Diputación Provincial de Zamora realiza unas manifestaciones sobre este tema, que indican más una cierta inquietud sobre el futuro político de su cargo, que por dar una solución razonable a este tipo de administraciones. Ámbito, el de las diputaciones provinciales que, desde la creación de las autonomías, queda dentro del radio de acción de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León. Y si hay que reformar la Constitución, se hace. ¿Por qué ese miedo a tocar su articulado? De paso se podría suprimir el Senado, ¿para qué sirve? y reducir el número de diputados ¿para qué tantos?

Por cierto hay que saber bien que es el gasto corriente y los gastos de personal y diferenciarlos bien de los servicios que como administración se prestan. No hay que vender motos. Y otra cosa para finalizar, señor presidente: si no hay diputaciones ¿se acaba el campo, el mundo rural? Uhm….