DESAMORTIZAR AL SÁTRAPA

        El Relator Especial de la O.N.U. sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli, ha declarado en su visita a España invitado por el intergrupo de Memoria Histórica: “no hay ningún impedimento legal para juzgar los crímenes del fascismo”, “existe falta de acceso a la justicia de las víctimas del franquismo”, “¿por qué no se coopera con la querella argentina?, ¿por qué no se extradita a los imputados allá? No nos pueden decir en esta ocasión que hay problemas jurídicos o yo qué sé. La obligación internacional de España es clara: debe juzgar o extraditar. Aún con estas obligaciones tan claras, el Poder Judicial no ha dado los pasos que tiene que dar. Esto demuestra que no es un problema de que no se puede. Es un problema de que no se quiere”. Se puede decir más alto pero no más claro. Pues bien, ante esto, las instituciones españolas responden así:

            El Ayuntamiento de la Alberca de Záncara, gobernado por Francisco Julián Quílez, del Partido Popular, ha resuelto volver a poner el nombre de Millán Astray, militar fascista, a una de las calles de la localidad. Esta acción vulnera el artículo 15 de la ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil o la dictadura. Pero, ¿qué mierda le importa a quién representa a un partido que se caracteriza por su inacción en este asunto debido a la fuerza del electorado que le vota y que sigue afín al golpe de estado del 36? La decencia democrática queda otra vez por los suelos y los Derechos Humanos de las víctimas pisoteados por un representante, verdaderamente sospechoso, de una democracia.

No sé si realmente seremos capaces de ajustar cuentas con quienes subyugaron a este país bajo una dictadura criminal y con quienes, en democracia, se ponen de perfil cuando son requeridos para actuar en dicha dirección en consonancia con las leyes establecidas. Marean los políticos la perdiz como los niños ante la perspectiva de inicio de un nuevo curso escolar pero con un costo más alto tanto económica como éticamente. Van pasando los años y se avanza poco, desgraciadamente. Los obstáculos que se deben salvar, puestos a veces desde las mismas instituciones que deberían fomentar y acelerar el proceso, son tan numerosos que uno puede llegar a pensar que aquí, en España, todavía manda el criminal caudillo.

            No se puede esperar que un partido como el Partido Popular afronte la historia de forma objetiva y sin partidismos ya que hurgar en esa herida podría poner de manifiesto su correlación con su árbol genealógico-político. Ni tampoco se puede esperar ayuda para corregir el presente de un partido como Ciudadanos, representante de un poder económico basado, en la mayoría de los casos, en familias y entramados empresariales provenientes de la dictadura y que, en este momento, encarnan los lobbies financieros preeminentes en el país. Sin embargo, el P.S.O.E. podría, dado su origen, entrar a saco en el asunto sin tantos remilgos, sin tantas dudas. Su remolonería ante la situación solamente puede deberse a su conformismo electoral o, posiblemente, a la degradación conceptual de su ideario de izquierdas.

            Desgraciadamente este es un país en el que existe un fiscal de guarda dispuesto a perseguir a cantantes, actores, titiriteros o cualquier manifestante o manifestación de libertad de opinión que no case con la que demandan sus amos. Pero resulta curioso que no haya ninguno dispuesto a perseguir tanto símbolo fascista, tanta exaltación de la dictadura criminal que se expresan sin ningún tipo de tapujos ante la opinión pública. ¿Se imaginan al partido nazi poniendo demandas a todo aquel que se exprese en términos de repulsa, condena, desaprobación o, incluso, hilaridad sobre Hitler? Pues, en este momento, en este país puedes ir a la cárcel por manifestar todos esos adjetivos contra el dictador franquista ya que existen plataforma o asociaciones, ¡¡¡¡¡totalmente legales!!!!!, que se dedican a exaltar la figura del susodicho. Nadie las ha ilegalizado, nadie ha hecho nada e, incluso, reciben subvenciones públicas. España: tierra de conejos.

            Desde todos los poderes públicos, incluida la Justicia, en este caso tuerta que no ciega, se ha ayudado a mantener el entramado político-social de la dictadura en plena democracia, y a sus integrantes, humillando por segunda vez a las víctimas de aquella y las que, por su postura crítica, alzan la voz ahora. Es necesario que se desmitifique la llamada “Transición” y se coloque cada cosa en el sitio que le corresponde, aunque sea la cárcel.