La llamada “Ley
Mordaza” ha traído a la vida ciudadana española una retrospectiva de lo que es
vivir, ¿vivir? en un sistema de formato democrático pero de contenido
represivo, democracia orgánica, la llamaban. La autoridad, o AUTORIDAD, así, en
mayúsculas, como ella se siente, se ha dotado de esa coraza defensiva en forma
de placas queratinosas, como un viejo armadillo husmeando en busca de bocados alimenticios,
con la cual quedar a salvo de cualquier conato o intento de crítica, ni
siquiera de opinión, sobre su actividad. Una ley que faculta a los cuerpos
policiales a ejercer su potestad bajo su amparo restrictivo al mismo tiempo que
esos mismos cuerpos policiales quedan a salvo de toda denuncia al ser ellos
mismos parte de esa AUTORIDAD.
Resulta paradigmático que las
denuncias a ciudadanos basadas en algunos de sus preceptos vayan “in crescendo”
en un torbellino extremo de autoritarismo al mismo tiempo que los derechos y
libertades van menguando en la misma proporción. Nadie está a salvo de esta
caprichosa vorágine conductista-conservadora en pos de tener atados todos los
cabos que puedan poner en tela de juicio su dominio político y económico,
impidiendo a través del poder judicial, otro amiguete de esta famosa ley, el
acceso a la verdad, quedando impune, en la mayoría de los casos que afectan a
las autoridades patrias, toda infracción cuyos afectados últimos sean los
ciudadanos.
La miseria de esta ley es que regula
aspectos tan carentes de relevancia pública como el vocabulario con el que se relacionan
los comunes con, por ejemplo, las distintas policías. No se trata ya de
insultos sino de vocablos y frases del lenguaje común entre las personas que
son considerados por ciertos elementos subversivos de la razón, precisamente
por carecer de ella, provocaciones a su potestad sancionadora o faltas de
respeto a su jurisdicción. O simplemente, como ha ocurrido en muchas ocasiones,
la placa me permite hacer lo que me dé la gana, ahora tengo una ley que me
cobija, tengo presunción de veracidad por ser cuerpo policial y todo ello
convalida mi falta de argumentos lógicos y razonables.
Si, como he leído, un conductor fue
acusado por falta de respeto e insulto a la autoridad por llamar “colega” a un
agente de la autoridad en un control de alcoholemia, en lo que no deja de ser
más que una confianza posiblemente no acorde con el lugar y el momento, este
hecho da una idea de la facilidad con la que ciertos elementos de los cuerpos
de seguridad del estado desenfundan el arma leguleya citada. Elementos en los
que, por cierto, una vez quitado el uniforme oficial, no gastaríamos ni una
neurona de más en una posible dialéctica ante la falta de bagaje intelectual
para el razonamiento libre y personal, sin leyes de por medio, que los
acompañe.
Lo irritante del caso es que el insulto o la
falta de respeto son penalizados de forma unidireccional de abajo arriba, del
ciudadano a la autoridad, pero nunca al contrario, como si les hubieran
concedido una patente de corso para tamaña injusticia. Porque limitar los
derechos constitucionales, esquilmar el estado de derecho, coartar la libertad
de expresión, poner trabas para el acceso a la justicia, a la sanidad, a la
educación, a la cultura, colocar al trabajador en situación casi esclava en
relación con el empresario, anteponer la macroeconomía a la economía doméstica
y, finalmente, destruir el estado del bienestar cambiándolo por su estado del
bienestar no es más que la expresión final del más impune y la mayor falta de
respeto a la ética con la que unos gobernantes han actuado contra su pueblo.
Con todo lo anterior nos están llamando jilipollas,
idiotas, bobos, tontos, cretinos, imbéciles, retrasados mentales, lerdos,
estúpidos, ineptos, inútiles, incompetentes, incapaces, pardillos, lelos,
improductivos, vagos, simples, memos, pánfilos…, pero, curiosamente, ninguna
ley mordaza ampara esta falta de respeto de la política con sus ciudadanos.
Aunque tengo que reconocer que, a veces, más veces de las que son compresibles,
este pueblo se falta el respeto así mismo votándoles.
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