No por cotidiano
resulta menos doloroso hojear los periódicos por la mañana y desayunarse un día
sí y otro también con la miserable actitud de confrontación contra los
ciudadanos de este país de un gobierno empeñado en demostrar que cualquier
tiempo pasado fue mejor. En los periódicos se acumulan cada día decenas de
noticias que ponen de relieve el grado de agresividad gubernamental en su
ataque feroz al estado del bienestar y al consiguiente despojamiento de
cualquier derecho reconocido a las clases más desfavorecidas. Desahucios y
detenciones se convierten en el pan de cada día junto con innumerables casos de
corrupción, recortes continuos en sanidad, educación, libertad de expresión,
etc.
Pero esta mañana, una noticia
publicada en El País me ha llamado la atención, bien es verdad que ya era algo
que se estaba sedimentando desde hacía tiempo y sobre lo que habría que hablar
o escribir algún día, también por la identidad del personaje. Me refiero al
Fiscal General del Estado, el señor Torres-Dulce, sí, aunque parezca mentira,
el mismo personaje que destilaba sensatez y ecuanimidad en aquella tertulia de
cine dirigida por José Luis Garci: ¡Qué grande es el cine!
Dicha noticia se titulaba de esta
forma: “Los fiscales del Constitucional truncan la injerencia de Torres-Dulce”.
Hacía referencia a la presión ejercida por este señor en un caso que hubiera
supuesto, posiblemente, que el T.C. hubiera sentado jurisprudencia en casos de
Memoria Histórica. Ya es de todos sabido la aversión que tiene el gobierno del
partido popular a este acto de justicia para aquellos que perdieron a algún
familiar durante la Guerra Civil española.
Si por algo se ha caracterizado el
ministerio fiscal a lo largo de estos dos años de gobierno popular es en el
ahondamiento del desprestigio que dicho ministerio está acumulando ante los
ojos de todos los ciudadanos y, sobre todo, ante juristas de prestigio. Su
continua obstaculización del trabajo de los jueces en los importantes casos de
corrupción, tanto política como económica, que salpican este país es ya una
marca de la casa, convirtiéndose de hecho en el brazo legal del gobierno y no
en el garante de los derechos de los habitantes.
Esta figura recogida en la
Constitución Española en su artículo 124º, siempre ha levantado recelos al ser
un nombramiento del gobierno de turno, haciendo sospechar de su verdadera
independencia, oído el Consejo General del Poder Judicial, órgano éste que se
nutre de jueces propuestos por los partidos políticos. Todo este galimatías jurídico
hace pensar que la separación de poderes está muy lejos de ser una realidad
democrática. En el citado artículo 124º de la C.E. se dice: “El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las
funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la
acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los
ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de
los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y
procurar ante éstos la satisfacción del interés social”.
Una vez visto y oído los casos en los que ha
intervenido el F.G.E. y sus fiscales en las CC.AA., uno duda mucho si lo que se
defiende es la legalidad o la legalidad interesada del gobierno y sus
protegidos, los derechos de los ciudadanos o los derechos particulares del
gobierno y sus protegidos o el interés público tutelado por ley o, por el
contrario, la manipulación de la ley en beneficio del gobierno o sus
protegidos.
Una figura, la del F.G.E., que dudo
mucho que pueda recuperarse una vez pasada esta legislatura y a la que
solamente querrán acceder aquellos a los que no les importe que se les
identifique con ser una mera correa de transmisión del gobierno.
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