Sería interesante cuantificar
el número de desahucios por impago que se han ejecutado desde el año 93, fecha
de la Directiva 93/13, hasta hoy y cuantos de esos procedimientos procesales pudieron
ser detenidos por no garantizar los derechos de los demandados. Tiempo
suficiente para que por el gobierno de esta nación hayan pasado cuatro
presidentes, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano
Rajoy. Un tiempo en el que han sido nombrados decenas y decenas de ministros y cientos
y cientos de cargos eventuales, pesebristas del partido correspondiente, que
han sido incapaces de trasladar al ordenamiento jurídico español el espíritu de
la citada directiva europea.
Sería interesante también realizar el cálculo de beneficios que
por este motivo la banca española ha tenido durante todo este tiempo, en el
cual se le ha dejado campar libremente bajo el cobijo de un sistema político
que ampara el capitalismo más salvaje en perjuicio de los consumidores finales.
La sentencia del Tribunal de la Unión Europea viene a legislar por doctrina lo
que los políticos de turno no han sabido hacer durante todo este tiempo: que la
regulación de desahucios judiciales por impago de la hipoteca en España vulnera
el derecho europeo sobre protección de los consumidores. Y ha tenido que ser un
ciudadano anónimo quién ha tenido la voluntad de llegar hasta el final,
poniendo en solfa la capacidad para dirigir de quienes tenían la obligación de
hacerlo e incrementando la sensación de que, realmente, estamos rodeados de
inútiles y mediocres cobijados bajo siglas que en nada se diferencian unas de
las otras. O, simplemente, son marionetas del poder que efectivamente rige los
destinos de todos los países: el poder económico.
Aunque corresponde a los diferentes estados regular este
tipo de procesos judiciales, no existiendo una armonización legal en este
sentido, es incuestionable que no se puede ir en contra de los derechos de los
ciudadanos, y parece claro que el ministerio de justicia no ha sabido hacer los
deberes en este sentido. Lo que hubiera supuesto un paraguas protector para los
más perjudicados por la crisis frente a la jauría mercantilista de la banca, ha
derivado en el abandono gubernamental del cometido tutelar del ciudadano
pervirtiendo y ensuciando el mandato democrático para el que todo gobierno es
elegido en las urnas. Por el contrario, el ínclito ministro de justicia,
Alberto Ruiz Gallardón, ha desarrollado desde su nombramiento una actividad
frenética, poseído por el espíritu del dios recaudador, en contra de los
intereses de la ciudadanía, dificultando su acceso a la justicia y haciendo de
esta un mercadillo donde todo se compra y se vende.
Ahora poniendo cara de inocente, del yo no sabía nada y no
tengo la culpa de lo que pasa, va y anuncia, con la cara más dura que uno ha
visto en tiempos, que el gobierno estaba preparado para trasladar la directiva
al ordenamiento jurídico. ¿No tenía que haber sido ese el cometido que tenía que
haber emprendido nada más llegar al ministerio? ¿No le dolían los dramas
familiares que todos estos desahucios estaban provocando? Este gobierno ya no
engaña a nadie, ha sido pillado in fraganti y ahora no le queda más remedio que
ejecutar lo que le mandan desde las instancias europeas. Aunque a esto si que
está acostumbrado, ya que son simples títeres de los verdaderos gobernantes y
solamente abren la boca cuando les tiran del hilo made in Germany.
Para finalizar y sin querer caer en la demagogia fácil, ¿se
podría haber evitado alguna de las muertes que por estos casos ha habido? No se
trata de culpabilizar sin más, pero cuando, por imposición del gobierno, se
está pagando el rescate de la banca con la perdida de nuestros derechos y
ninguno de estos dos referentes han hecho nada al respecto hasta que el alto
tribunal europeo ha dictaminado, la duda se instala en el cerebro y el respeto
democrático se comienza a perder. Y esto último ya resulta peligroso.
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