CARTA ABIERTA A LA ALCALDESA DE ZAMORA

           No se me ha olvidado. Después de una semana lejos de esta ciudad que tú dices gobernar, resuenan en mis oídos tus palabras para justificar el incremento de jornada laboral para los funcionarios del Ayuntamiento de Zamora, asumiendo las directrices de la Junta de Castilla y León en ese tema. Dijiste algo así como que antes de protestar, los funcionarios deberían mirar a los ojos de los millones de parados que existen en la actualidad. Y de nuevo los pusiste en la diana de la opinión pública. Como sacos de boxeo del juego del pim, pam, pum político. ¿Por qué deben mirar a los ojos de los parados? ¿Son acaso los culpables de la crisis económica que azota este país? Creo sinceramente que quienes deberían mirar, si es que tienen valor, son los políticos como usted, que en su mediocridad, no han sabido gestionar la rex pública, despilfarrando el dinero de los contribuyentes en época de vacas gordas y ahora buscan culpables en los que menos defensa tienen, dando carta de naturaleza al perfil paupérrimo con el que acceden a sus puestos dirigentes. Cosas de las listas cerradas. ¿No deberían ser los dirigentes de los grandes bancos, los dirigentes de los fondos de inversión, los políticos despilfarradores, los empresarios defraudadores, las grandes fortunas que evaden su capital, etc., quienes lo deberían hacer? Pero como parece que el mundo está al revés, a ellos, “sus representantes políticos”, como usted, les hacen el juego criminalizando a los trabajadores, y en especial a los funcionarios, haciendo recaer sobre ellos el grueso de las medidas de ajuste. Lo que está claro es que de esta crisis sacaremos una conclusión definitiva: vosotros, los políticos, habéis conseguido elevar a rango de Decreto la estupidez humana. Así nos va.   

            No me voy a extender más. Le contestaré con el artículo del catedrático de Derecho Constitucional D. Francisco J. Bastida “El desprecio político al funcionariado”. Un funcionario de carrera por oposición, al contrario que ustedes que, aunque salgan por los votos de los ciudadanos, concurren a las elecciones en listas cerradas, por miedo a la elección libre del votante. Y así está claro que si en la lista fuera primero una vaca, saldría la vaca, tal es el grado de crítica y reflexión que algunas veces nos gastamos los votantes. De nada, señora alcaldesa.

El desprecio político al funcionariado

Contra la bajada salarial y el incremento de jornada en la función pública

El desprecio político al funcionariado  

FRANCISCO J. BASTIDA CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplauden de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

 Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.