La
democracia española, en manos del Partido Popular, es un tren cargado de
derechos camino de los hornos crematorios del fascismo, incrustado éste en la
estructura más profunda de su pensamiento político, como las vetas de grasa se
van perfilando en las patas de los gorrinos en su lenta transformación en
jamones para la venta. Poco a poco, en cada estación por la que, en teoría
discurre el progreso social e intelectual de este país, nos han ido cambiando
las agujas, desviando la dirección de nuestro futuro hacia el abismo carcelero
y autoritario de unos dirigentes forjados en la cultura del amordazamiento de
quienes no piensan como ellos o no se conducen bajo el paraguas de sus normas.
Normas, que en definitiva, excluyen a gran parte de la sociedad de su derecho a
opinar y actuar de manera distinta a la suya o, como mínimo, a pensar o actuar
como le venga en gana.
La
nueva “ley mordaza”, con el objeto propagandístico de salvaguardar el derecho de
los ciudadanos a no ser molestados por los que protestan y se manifiestan, no
es más que la expresión pura y dura de que el Partido Popular tiene un serio problema
con los derechos civiles y con la democracia en sí. Las protestas masivas en
contra de los recortes en educación, sanidad, protección social, etc, han
llevado a este gobierno ilegal (quien no cumple su programa electoral no está
legitimado para gobernar) y estafador a desarrollar una ley que criminaliza
este tipo de protestas, dejando indefensos a los colectivos afectados, y que
han sido sacudidos por unas reformas que han supuesto un retroceso palpable en
las condiciones económicas y sociales conquistadas a lo largo de años de lucha
obrera y social y que, de esta manera, son arrebatadas de forma sucia y alevosa
con la truculenta excusa de salir de la crisis económica que ellos mismos, o
sus cuarenta ladrones, ayudaron a producir.
A
pesar de que juristas, policías y movimientos sociales se han posicionado en
contra de esta ley, el gobierno sigue adelante con el único fin, ese es el
verdadero objetivo de esta ley, de protegerse, de proteger a su casta política,
de las protestas en las que miles de ciudadanos se posicionan en contra de una
forma de hacer política autoritaria, restrictiva de derechos y posicionada en
el principio fundamentalista de que el ciudadano es el enemigo. Se produce de
esta forma una clara desproporción entre el castigo a la protesta y la
ejecución de la misma. Se interpreta la Constitución Española de forma
represiva y limitativa vulnerando así el fundamento de convivencia de todos los
españoles. Con esta nueva ley se pretende, además, poner a la hiena a cuidar a
bambi. Me explico: a partir de la entrada en vigor de esta verdadera aberración
legislativa será delito grabar a la policía cuando realiza sus funciones. Esto representa
carta blanca para que ciertos agentes de la autoridad campen a sus anchas como
ya ha quedado demostrado con la grabación de sus “democráticas” actuaciones en
diferentes manifestaciones. Macarras y porteros de discoteca con uniforme. Aunque
fueron grabados, ¿qué pasará a partir de ahora con actuaciones como las de los
Mossos d’Esquadra, incluso con resultado de muerte? Sin grabación no hay testigos.
Me temo que en el próximo ranking de Amnistía Internacional sobre el incumplimiento
de los derechos humanos, este país, que se dice democrático, estará en los
primeros lugares de dicha lista, bien acompañado en el podio por repúblicas
bananeras y dictaduras de medio pelo.
Como cantaba Víctor Jara,
esta ley solamente protege a la casta golfa de privilegiados que viven y
copulan, para retroceso de la raza humana, en “las casitas del barrio alto”.
Guetos de podredumbre macroeconómica que necesitan de este tipo de leyes para
poder vivir en “su” paz, el equivalente de la miseria para los demás.
No hay comentarios:
Publicar un comentario