¿Estaría la CEOE, con
su presidente Joan Rosell a la cabeza, dispuesta a renunciar a los 6 millones
de euros que recibe de los contribuyentes a través del estado, en aras del
ahorro que propone para las administraciones públicas y que suponen un tercio
de su presupuesto? ¿Por qué si parte de su financiación proviene de las arcas
públicas no publica el sueldo de sus dirigentes? En definitiva, ¿por qué una
entidad privada, formada por empresarios que propugnan el liberalismo económico
más salvaje de los últimos años recibe dinero de los impuestos de los
españoles?
Las declaraciones de Juan Pablo
Lázaro Montero de Espinosa, presidente de la Comisión de Responsabilidad Social
Empresarial de la CEOE, sobre el particular no tienen desperdicio. Viene a
decir este moderno sátrapa empresarial algo así como que no tendría sentido el
auditar las cuentas de la organización al tratarse de una entidad privada,
dejando bien a las claras el cinismo con el que estos dirigentes se conducen, cuando se les llena la boca con la ley de
transparencia aplicada a las administraciones públicas de las que,
precisamente, reciben subvenciones. Esta anomalía, que produce perplejidad en
el resto de los ciudadanos, es una característica intrínseca de la teoría del
liberalismo económico. Basado en el principio del mercado como regulador
automático de sistema económico, tiende a cobijarse cual alimaña de la peor
estofa bajo las faldas protectoras del estado en cuanto la situación se
descontrola y el flujo de plusvalías decrece en las cuentas bancarias y en los
bolsillos de los empresarios. Parece claro que su nivel de conocimientos
teóricos, o simplemente caradura, solamente les llega para las épocas de
bonanza económica, aquella en la que hasta el más tonto hace bolillos,
deviniendo en plegarias a la intervención del estado protector en cuanto se
tuercen las cosas, aquellas que ellos han ayudado a torcer con su ansia y su
latrocinio.
Por otra parte, en declaraciones a
la emisora Onda Cero, el presidente de la patronal, no contento con la reforma
laboral perpetrada por sus marionetas en el gobierno de la nación, aboga por
otra reducción de derechos de los trabajadores, reduciendo la estabilidad
laboral de los pocos que tienen un contrato indefinido en este país, y nivelarlos
con los que tienen un contrato temporal. Parece obviar este Tío Gilito, que la
precariedad y falta de garantías de los contratos temporales, junto con la
escasez de puestos de trabajo, es la que está haciendo salir de España en busca
de mejores horizontes a la mayoría de la masa trabajadora. En definitiva,
reducir la relación de trabajador por cuenta ajena en una relación de
esclavitud condicionada a los caprichos y veleidades del negrero contratante.
En esta versión actualizada de la
trata de esclavos en la que se está convirtiendo la economía española, el
gobierno y la CEOE se convierten en las franquicias que forman la nueva Casa de
Esclavos, Isla de Gorée en el eje Moncloa, Génova y Diego de León, en la que
pactan el precio a pagar por cada trabajador, sus condiciones de venta a los
mercados y el precio por sus despojos al final de su vida (in)útil. El cenit de
su pensamiento político y económico: pasar los trabajadores (esclavos) a ser
propiedad del empresario (amo) en esta nueva forma de producción. Su
identificación: Marca España o Milana Bonita, que para el caso es lo mismo.
Vuelta a la España narrada en la película “Los Santos Inocentes”, en su remake
para el siglo XXI.
Mientras tanto, el FMI, el Banco Mundial y la Troika,
como modernos “Madre de Deus”, Henrietta Marie, Desire, Adelaide o Creole,
surcan los mares embravecidos de la economía de los países en crisis con las bodegas llenas de mano de
obra barata, los nuevos esclavos que dejarán constancia del poder de estos
nuevos negreros, piratas saqueadores de la condición humana de los
trabajadores, cuyos muertos sociales son solamente daños colaterales. En aquel
tiempo la justicia no dijo nada, la iglesia no dijo nada…ahora tampoco.
No hay comentarios:
Publicar un comentario