Por si España no ardiera por los
cuatro costados cada verano dejándose en el camino parte de su patrimonio
natural, ahora nos sale el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, e
incendia la justicia cual Nerón de tres al cuarto, haciendo recaer en la
ciudadanía la culpa de tamaño incendio. Su megalómano sentido de la política y
su práctica, como ya puso de manifiesto en su periplo por la alcaldía de
Madrid, alcanza niveles delirantes en la reforma propuesta por el ministerio
que supuestamente dirige.
Aunque existen múltiples versiones sobre las
causas del incendio romano y el grado de implicación del emperador según
quienes sean los que transcriban los hechos, si nos fiamos de la más extendida
por el imaginario popular, podríamos trazar el paralelismo entre el enajenado
emperador romano que incendia Roma y luego traza un nuevo plan de trama urbana
para evitar en lo posible las causas que supuestamente lo originaron,
aprovechando las nuevas construcciones para su mayor gloria y boato, culpando a
los cristianos como los autores de dicho incendio, y el ministro de Justicia
español que pone en jaque a la justicia que representa con sus soflamas y
aprovecha para aplicar una reforma que, por defecto, culpabiliza a los
españoles del incorrecto funcionamiento de la misma por la supuesta facilidad
con la que acudimos a los juzgados para dirimir cualquier pleito, en lugar de
solucionar la falta de medios de los que dispone y que originan su bloqueo.
Aunque desde todas las instancias:
Consejo General de la Abogacía, Consejo del Poder Judicial, todas las
asociaciones de jueces y fiscales, todos los partidos de la oposición, etc, se
le haya criticado por dicha reforma, una reforma populista y barata que va destinada
a las tripas y no al cerebro, su monolítica concepción del ejercicio del poder,
propia de la piedra berroqueña de las laderas del Guadarrama, allá por El
Escorial, le impide sentarse a consensuar unas medidas que suponen una vejación
al artículo 117.1 de la Constitución: “la justicia emana del pueblo”. Con esta
reforma el pueblo es expulsado del amparo de la justicia y regresa de golpe (de
estado) a periodos involucionistas que creíamos superados.
Dicha concepción política junto
con el afán recaudador de este gobierno, ha hecho surgir una nueva justicia
basada, no en el derecho, como sería lógico, sino en el nivel económico de la
persona que acude a ella. A menor nivel económico menos posibilidades de poder
recorrer las distintas instancias judiciales en busca de recurso al tener que
pagar tasas excluyentes por su importe. Queda así el ciudadano expuesto a los
abusos de los mejor posicionados a nivel económico, que no tendrán reparo en
acudir a unos tribunales hechos a la medida de su impunidad, mientras el resto
de los mortales deberemos pedir un crédito para defender la verdad.
Con el escándalo de las
preferentes ofertadas por los bancos a sus clientes de plena actualidad, sin la
debida información al tratarse de un producto complejo, y que hasta ahora ha
sido ganado por los clientes en los tribunales de justicia, a partir de la
citada reforma le costará a una persona que demande por la vía civil a un banco
para recuperar unos ahorros de unos 100.000 €, un mínimo de 800 € y un máximo
de 3.800 € para que se estudie su caso, dependiendo de si llega hasta el
Tribunal Supremo o no. Barreras económicas que en muchos casos harán que los
ciudadanos afectados renuncien a recurrir ante la mayor capacidad económica de
quien con su forma de actuar originó su descalabro financiero. Además esta ley
da carta de naturaleza de impunidad al Estado, que queda excluido de pagar
dichas tasas y por tanto puede tener la tentación de judicializar sus actos
administrativos ante la previsible renuncia a la lucha de aquellos a los que
debería defender. Un caso pueden ser las expropiaciones a la baja.
Como un adelanto de la
instalación en España de Eurovegas, el ministro de justicia ha convertido en
casinos a todas las sedes judiciales, donde habrá que pagar por entrar, donde
los jueces habrán sido sustituidos por crupieres y donde la fortuna y no la
razón serán los argumentos para decidir nuestras reclamaciones. Rojo, par y
pasa. Podremos escoger entre la ruleta de lo contencioso, el blackjak de lo
civil o los dados de lo social. Para los juicios rápidos estarán a nuestra
disposición las máquinas tragaperras, donde las tres cerezas han sido
sustituidas por el símbolo de la justicia con el logotipo del euro en cada uno
de sus ojos, llevando en la balanza fajos de billetes provenientes de los
bolsillos de los ciudadanos.
Mientras tanto, se producen los
indultos del exalcalde de la localidad malagueña de Valle de Addalají,
condenado por corrupción y tres concejales condenados por delitos continuados
de prevaricación, todos del Partido Popular. Incluso se indulta, por segunda
vez, a varios Mossos d’esquadra condenados por tortura en dependencias policiales,
delito éste que no puede tener nunca indulto de ninguna clase al ser una acción
que nos inhabilita como seres humanos, que nos despoja de toda naturaleza
humana.
Todo ello me lleva a pensar que
como siempre la realidad supera a la ficción, aunque en este caso sea el de una
gran película dirigida por Martin Scorsese: Casino. ¿Qué personaje estará
haciendo Don Alberto?...
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