E.R.E. AL GOBIERNO: EL INICIO DE UNA REVOLUCIÓN SOCIAL

Aún cuando el sistema democrático posee los mecanismos legales para el cambio de signo político en la forma de gobierno sin agotar la legislatura, no estaría de más que, aprovechando el cambio de normativa propuesta por el gobierno del Partido Popular en la aplicación de los expedientes de regulación de empleo, E.R.E.s, se pudieran aplicar estos últimos en la dinámica política. Con el empleo de la figura de la Iniciativa Legislativa Popular, un número de firmas suficientes debiera bastar para el inicio del expediente regulatorio que pudiera desembocar en un cambio de gobierno sin concluir la legislatura. Un E.R.E. político extintivo.

Es indudable que se puede invertir el signo político de un gobierno mediante el cambio de alianzas entre los partidos políticos del arco parlamentario, pero no es menos cierto que esto solamente se puede producir en los casos en los que no existe mayoría absoluta. Igualmente cabe el razonamiento para la moción de censura. Sin hablar de los propios intereses partidistas, que en la mayoría de los casos impiden reflejar el verdadero sentir de los ciudadanos, su dinamismo y tendencia, expresado a través de la infinidad de medios de difusión puestos a su alcance y, especialmente, en la calle.

El periodo de cuatro años normalizado en el sistema político democrático, se ha convertido en el actual caso español en un secuestro de la libertad social y personal de los ciudadanos, estafados por un partido político que llegó al poder con el mayor programa electoral de mentiras de la democracia española, como se ha encargado de demostrar con la mayor caradura posible desde su investidura. Con esta posibilidad se devolvería al ciudadano parte del mandato soberano regido en la Constitución de que la soberanía reside en el pueblo y se estaría más cerca del ideal de gobierno en función de los objetivos de futuro de la mayoría. Los programas electorales dejaría de ser papel mojado ante la posibilidad cierta de su inculpación criminal contra el pueblo por incumplimiento.

El hecho cierto es que con la nueva normativa cualquier empresa puede despedir a sus trabajadores por el mero hecho de enlazar una bajada de beneficios en un periodo estimado. Nada cuenta que esa misma empresa haya tenido grandes beneficios en los meses anteriores o lo pueda tener en el futuro. Beneficios que en los tiempos de bonanza no repercuten en los trabajadores, solamente en los directivos. Este cambio de normativa supone su aplicación a la Administración del Estado y del conjunto de la CC.AA. Al personal laboral de las mismas se le puede aplicar un expediente de regulación del empleo en el caso de que la administración a la que pertenecen reciba un 10% menos de las transferencias de capital que recibe del Estado. Y esto supone una perversión del mandato público, además de la posibilidad de su manipulación para el despido de sus trabajadores. Basta con un acuerdo del gobierno de de la nación con las autonomías del mismo signo político para que se produzca este hecho y estas últimas tengan el motivo para proceder con dichos expedientes. Y es perversión porque los funcionarios y laborales de la administración no pertenecen a ninguna empresa privada sino que son los garantes de la estabilidad y continuismo administrativo independientemente del partido político que gobierne. Su estabilidad supone la estabilidad administrativa ante los vaivenes de la política. Son los garantes de que se cumplan las leyes ante las peticiones de fraude y estafa que los políticos emplean en su particular forma de gobernar. Y esto es algo que debe aprender el conjunto de los ciudadanos: la administración pública no es el gobierno de turno, ni le pertenece. Es neutral.

A nadie le cabría en la cabeza que el gobierno aplicara un expediente de regulación de empleo en la policía porque no ha equilibrado el Ministerio del Interior sus cuentas, despidiendo a parte de su plantilla y dejando sin seguridad al conjunto de los españoles. Es absurdo y criminal. Salvo que ese mismo gobierno esté facilitando la privatización de la seguridad nacional con el fin de favorecer al sector privado amigo en pago de no se sabe que favores. Como ejemplo puede valer la privatización de la eléctrica pública Endesa por parte del gobierno de Aznar y su posterior contratación una vez privatizada. De libro.

Pero a la política y a los políticos si cabe aplicar el expediente de regulación de empleo. Y a este gobierno mentiroso más. ¿Por qué no? Si el mandato de un gobierno es el de procurar el beneficio y progreso de sus ciudadanos, incrementar su nivel económico y educativo, procurar el descanso de los que han participado en el tejido productivo, procurar cobertura sanitaria y social para todos y especialmente para los menos favorecidos, etc, está claro que en los meses que llevamos de legislatura popular no se han cumplido ninguno de los mandatos del buen gobierno. Al contrario, se ha quebrado el tejido económico y social produciéndose una brecha, que se agranda cada vez más, entre ricos y pobres. La situación del país es peor cada día ante la ineficacia de un gobierno títere del poder económico nacional y de los mercados internacionales. Un gobierno inepto e incapaz que mira hacia otro lado ante las demandas legítimas de los ciudadanos.

Por tanto es lícito presentar un E.R.E. extintivo de la relación laboral contraída por los miembros de este gobierno con el conjunto de la sociedad, constituida en empresa nacional, ante el descuadre de la cuentas de la ética y la honestidad que todo gobierno debe preservar. Este es incapaz de ello.